El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley que dispone la supresión definitiva del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
La propuesta legislativa tiene por objeto derogar la Ley núm. 7, del 19 de agosto de 1996, que dispuso la creación del Consejo Estatal del Azúcar.
La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien manifestó que la propuesta legislativa impulsada por el Presidente es parte de los trabajos de la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado.
Esto tiene el interés del presente gobierno de disolver los entes y órganos públicos que resulten ineficientes y que no cumplan con los principios constitucionales de la Administración Pública.
Peralta recordó que esta iniciativa fue prometida por Abinader en la presentación de su programa de gobierno, y es un paso más de su gestión para la buena administración del patrimonio público.
La misma establece que el ente que tendrá a su cargo la continuación y culminación del proceso de liquidación y disolución definitiva del Consejo Estatal del Azúcar será el Ministerio de Hacienda.
Explicó que la propuesta de ley procura que los empleados que laboren para los ingenios azucareros propiedad de este, o que sean propiedad del Estado, se reubiquen en otras dependencias del Estado, según aplique y en los casos que proceda.
Asimismo, se establece que las propiedades inmobiliarias, terrenos o porciones de terreno, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar y sus ingenios azucareros, sean transferidas a favor del Estado dominicano, ejecutando los procesos de titulación y saneamiento correspondientes.
El funcionario señaló que el Estado dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, será el continuador jurídico, con las garantías de ley que correspondan, de los compromisos y obligaciones contractuales o de otra naturaleza asumidas por el CEA en el ámbito nacional o internacional.
“El Poder Ejecutivo confía en que el Congreso Nacional dará su voto favorable en este proceso, como lo ha hecho antes para apoyar el interés del gobierno y la sociedad, de reformar la Administración Pública y llevarla, de manera definitiva, a la estricta sujeción al derecho, la justicia y la equidad”, sostuvo Peralta.
Agregó que el Presidente continúa cumpliendo su palabra de avanzar en la modernización del Estado. “Estamos seguros de que al final de este proceso, el Estado será más funcional, más dinámico, más transparente y sobre todo más apegado a la legalidad”, finalizó el Consultor Jurídico.