El escenario que muchos consideraron como “el inicio del fin de la impunidad” comenzó con decenas de implicados, pasó por ante la Suprema Corte de Justicia y hoy llega por última vez ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras casi un año de juicio de fondo.
Pero puede que el final del tema en los tribunales quizás no sea por mucho tiempo. La extensión del proceso, a pocos meses de que se cumpla un lustro desde que iniciaron las investigaciones a finales de 2016, y un expediente alguna vez catalogado por la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, como débil, son otros aspectos que llenan a la población de expectativas por una segunda parte de este caso.
Tras una turbulenta etapa preliminar, un juicio de fondo con distintas controversias y variados aplazamientos debido a la pandemia y los contagios por Covid-19, esta tarde cierra un ciclo en la justicia dominicana que inició con los arrestos a distintos exfuncionarios, reconocidos políticos y empresarios el 29 de mayo de 2017.
Especialmente luego de que se anunciara la existencia de una segunda fase que abarcaría otros aspectos que no fueron tratados en la primera investigación.
Esta nueva historia fue denominada “Odebrecht 2.0” por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien reveló hace meses el inicio de una nueva investigación del caso, en la que “saltarán los obstáculos que sean necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias”.
A finales de septiembre de 2020, el exsenador Tommy Galán dijo ante el tribunal que la necesidad de establecer un Odebrecht 2.0 responde exclusivamente a la manera “fraudulenta” en que el exprocurador, Jean Alain Rodríguez dirigió ese proceso.
Para esta nueva versión de Odebrecht, el procurador adjunto señaló que hará lo posible por incorporar nuevos testigos e investigar las sobreevaluaciones de las obras, indagaciones que se vieron “obstaculizadas” por la Cámara de Cuentas, institución que investigan desde enero de este año por unas supuestas auditorías maquilladas.
Con esta nueva fase, los miembros del Ministerio Público pretenden buscar cuestiones y líneas de investigación que no se hayan agotado, como financiamiento de campañas electorales, la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina y los codinomes (funcionarios presuntamente implicados en sobornos) que recibieron fondos de manera ilegal por parte de la empresa brasileña.
Esto último debido a que el procurador adjunto aseguró en enero de este año que no han encontrado indicios de que las anteriores autoridades del Ministerio Público (MP) hayan recibido esos nombres.
En palabras de Camacho, la fecha en que se conocería el final de este caso dependerá de que puedan cerrar el ciclo de la investigación, ya que las autoridades persecutoras del crimen no están interesadas en “abrir un proceso sin que podamos cubrir todas las aristas que pueda tener y en consecuencia establecer todas las imputaciones penales que pueda tener”.