El Pleno de la Cámara de Cuentas declaró “lesivo para el interés público” la contratación de los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal, SRL., con el fin de demandar al Ministerio Público, entre otras acciones legales.
La disposición, firmada ayer durante la sesión del pleno, también suspende los efectos jurídicos de una decisión tomada por el pleno anterior en marzo, así como los efectos de las contrataciones y actuaciones administrativas aprobados en la misma, hasta que no sea dictada una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Asimismo, instruye la impugnación de la decisión ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que declare su nulidad absoluta, así como la nulidad de las actuaciones y contrataciones efectuadas.
Mediante la decisión DEC-X-2021-001 dictada el 25 de marzo de 2021, emitida por los exmiembros del Pleno de esta entidad auditora, Hugo Francisco Álvarez Pérez, Félix Álvarez Rivera y Carlos Noés Tejeda Díaz, fue aprobada la contratación de los abogados Jennifer Rodríguez Gómez y Francisco Franco Soto por más de RD $6,000,000.
Rodríguez Gómez fue contratada, por un monto de 4,500,000 pesos, para ejecutar una instancia de resolución de peticiones, un escrito de respuesta al recurso de oposición realizado por el Ministerio Público sobre la resolución número 6-2021 y una solicitud de nulidad de la orden de allanamiento emitida por un juez de la Instrucción Especial con la que se intervino esa institución en febrero pasado.
Asimismo, Soto fue contratado por 1,500,000 pesos con la finalidad de interponer “una acción de inconstitucionalidad por conflicto de competencia en contra del Ministerio Público y la Juez de la Instrucción Especial designada por la Suprema Corte de Justicia”.
El pasado 25 de marzo, el pleno también acordó la firma de dos contratos de servicios, cuyos objetos eran una demanda contra el Ministerio Público y la entrega de los interrogatorios practicados a los antiguos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, entre otras acciones.
Por la contratación de los servicios jurídicos mencionados se realizaron tres pagos. Uno de ellos fue el 26 de marzo de 2021 al licenciado Francisco Franco Soto, por RD $1,500,000.
Asimismo, se emitió un segundo cheque de RD $3,150,000 correspondiente al pago de un 75% por servicios legales ofrecidos por la firma Inteligencia Legal SRL. y el 25% restante se entregó en un tercer cheque de RD $1,935,000.