La magistrada Germán dijo que ha procurado que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, explicó que el primer reto que ha debido afrontar ha sido la restauración de la confianza pública en la institución, sin dejarse arrastrar por el populismo penal.
“(El Ministerio Público) es, al mismo tiempo, una institución expuesta a la crítica social por la propia naturaleza de sus funciones y, en nuestro país, carga el estigma de errores pasados. Así que el primer reto que hemos debido afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarnos arrastrar por el populismo penal», señaló.
La magistrada dijo que el proceso penal no implica pérdida de la dignidad de las personas, por graves que sean las imputaciones, y que tampoco tiene cabida la comisión de arbitrariedades ni atropellos por parte de la autoridad.
“La presunción de inocencia, en particular, no se destruye con la imputación, sino con la sentencia de condena. La eficiencia en la persecución penal debe ser cónsona con la garantía de los derechos de los imputados y las víctimas”, dijo Germán Brito.
Miriam Germán Brito dijo que se debía evitar que la notoriedad de un caso derive en la sobre-exposición mediática de las víctimas y los imputados. “En el primer supuesto, para evitar la revictimización; y en el segundo, la estigmatización anticipada y el juicio paralelo. Los casos deben ser dilucidados en los tribunales, para adoptar una decisión conforme a los hechos verificados y el derecho aplicable”, dijo.
Germán dijo que la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria en la persecución penal de la corrupción, para derribar las inmunidades del poder y orientar el poder de acusar conforme a derecho, “sin distinciones políticas, sociales o económicas”.
La procuradora dijo que era inaceptable que la persecución penal pueda ser instrumentalizada para neutralizar a los perdedores en una contienda política “o garantizar la impunidad de los hechos delictivos cometidos por los funcionarios en ejercicio”.