Las irregularidades detectadas en seis instituciones del Estado durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, según revelan auditorias de la Cámara de Cuentas, salpican a su hermano Alexis Medina, el principal implicado en el caso Pulpo.
Las fallas encontradas, de acuerdo al organismo auditor, incluyen contratos irregulares y procesos de “urgencia” que no cumplieron con ese requisito, como el que involucra la reparación de 56 hospitales en el año 2013.
Esas fallas de sustraer fondos públicos de las diferentes instituciones agravan más la situación de Alexis Medina y de otros funcionarios apresados durante la Operación Antipulpo, a final de noviembre del 2020 y que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina. Entre las instituciones que presuntamente cometieron irregularidades se encuentran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Ministerio de Salud Pública, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) , Ministerio de Salud Pública, la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste) y la Policía Nacional.
Esas auditorias practicada por la Cámara de Cuentas fueron remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) y la Dirección de Persecución, la cual sería incorporada como evidencias en contra de los implicados en el caso Pulpo, algunos en prisión y otros con arrestos domiciliarios.
En su investigación especial, la Cámara de Cuentas encontró irregularidades por un monto que supera los RD$43, 237, 525,265 en los procesos de equipamiento de hospitales realizados por la Oisoe con la empresa Domedical Supply SRL. Esta empresa pertenece a Alexis Medina.
Entre las irregularidades se establece que hicieron contrataciones que no cumplen con las características de excepción, contrataciones sin evidencia previa de certificación de fondos y sin evidencias de cumplir con los tiempos de ejecución.
Además, la documentación indica que no se registraron contratos ante la Contraloría General de la República, supuestamente hubo sobrevaluaciones de equipos y se cambiaron los precios de equipos entre una cubicación y otra sin justificación o aprobación, entre otras maniobras en contra de lo que establece la ley.
Casos en Salud Pública
En el proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento de unos 56 hospitales bajo la modalidad de sorteo de referencia Mispas-CCC-PU-2013-08 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina y el titular de Salud de entonces, Freddy Hidalgo Núñez, también encontraron irregularidades graves.
Dentro de los resultados de la Cámara de Cuentas se menciona que desde el Ministerio de Salud se hicieron contrataciones de urgencia sin informe pericial que las justifiquen por un monto ascendente a RD$3, 073, 527,092.
También dice que se hicieron contrataciones sin póliza de seriedad de la oferta por un monto de RD$2,999,535,891.
Igualmente, en el arqueo la Cámaras de Cuentas detalla que supuesta empresa de Alexis Medina endosó a Obras Públicas 180,561 barriles de cemento asfáltico, lo cual equivale a 7,583,551 galones. Aduce que mediante este acto se “desaduanizó los bienes importados sin evidencia de la aprobación del Poder Ejecutivo.
El documento indica que con esta acción, durante el periodo 2017-2020, la empresa General Supply Corporation permitiendo que el Estado dominicano dejará de percibir ingresos correspondientes a impuestos, recargos e Itebis por más de RD$171,999,103. Alexis Medina tenía permiso para transportar combustibles, pero también importaba y vendía
El análisis determina que la revisión al contrato número 558-17 revela que los impuestos aduanales y los generados por el impuesto a las transferencias de bienes y servicios industrializados serían asumidos por Obras Públicas, sin embargo, le correspondía a la empresa General Supply Corporation asumir las obligaciones establecidas por ley.
Igualmente, la Cámara de Cuentas establece que la Policía Nacional pagó a la empresa Fuel América Inc. Dominicana, SRL, desde el 2015 al 2017, RD$220,739,721 por compra de combustibles.
Esta empresa, que figura a nombre de Julián Estaban Suriel Suazo, al momento de la suscripción del contrato con la Policía Nacional “no poseía licencia para la distribución de combustibles por la unidad móvil, que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, bajo el reglamento 307-01 de aplicación de la Ley de Hidrocarburos 112-00, en sus artículos 16 y 17”. Se constató que el contrato de suministro de combustible no fue registrado en la Contraloría.