Desde la madrugada de ayer, tropas militares realizan un operativo de requisa en la Penitenciaría Nacional La Victoria, en el que los oficiales no permitían la entrada ni salida de ninguna persona al área.
Como consecuencia a ello, personas allegadas a los reclusos y otros que residen cerca de la cárcel, se manifestaron en contra de las medidas adoptadas por las autoridades.
Landy Gómez normalmente abre su peluquería a las 8:30 de la mañana, esta se encuentra ubicada en una de las calles que fueron cerradas por el operativo en el centro penitenciario. Aunque había decidido abrir su negocio un poco más tarde ayer, no se esperaba aquel recibimiento por parte de las autoridades.
“Ya uno tendrá que perder el día. Con cuatro muchachos y ni un peso. Nosotros no tenemos que pagar lo que esté pasando ahí dentro”, se quejó Landy. También comentó que estas medidas deberían tomarse a partir de la entrada del centro, no desde calles que se encuentran antes.
Del mismo modo, las personas que moran en calles cercanas al recinto se notaron enojadas al salir de sus hogares e impedírseles el reingreso. “Acompáñenme a mi casa, si quieren”, fueron expresiones de la señora Rosa Mendoza hacia los agentes. No fue hasta minutos después que se le permitió, junto a algunos oficiales, regresar a su casa.
La mayoría de las personas que se encontraban a las afueras, impidiéndoseles el paso, no tenían conocimiento sobre lo que acontecía dentro del recinto.
Otro de los conflictos generados en medio del proceso de inspección fue la protesta realizada por familiares de los reclusos. Según varios de ellos, muchas de las pertenencias como camas, estufas, ollas y refrigeradores habían sido destruidas por las autoridades como parte del operativo.
El hecho causó enojo en los familiares de los convictos. “Están provocando que se arme un motín y las cosas empeorarán”, expresó la señora Santa Julia Sosa, madre de uno de los presos.
Dos madres pidieron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, al director de la Policía, Eduardo Then, y al presidente Luis Abinader, que visiten las cárceles.
El director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, declaró que el registro busca ocupar posibles armas de fuego y blancas dentro del recinto carcelario, además de sustancias controladas. Sostuvo que la medida busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de reclusos que podrían verse expuestos a situaciones de violencia y descartó que dentro del penal se tiraran bombas lacrimógenas como denuncian familiares de los presos.