El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo estar de acuerdo con la realización de una auditoria para determinar si los beneficiados con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros realmente son aptos para ser favorecidos con la medida.
Manifestó que las medidas tomadas por el Gobierno son necesarias y que cada Estado tiene la potestad de tomar las decisiones que entienda para proteger su soberanía.
El lunes, el Consejo Nacional de Migración sostuvo una reunión donde decidieron, entre otras cosas, realizar una auditoría a los más de 220,000 regularizados por el plan de regularización de extranjeros llevado a cabo por la gestión de Gobierno pasada, con el verificar si estos son verdaderamente aptos para ese beneficio.
El jurista añadió que los derechos humanos no se estarían vulnerando con la anunciada medida, ya que todo lo que se realizará, se hará amparado en la Ley de Migración y la Constitución de la República, mientras recalcó que ya ese tema fue tocado en una ocasión anterior en la Corte Interamericana y el caso fue ganado por el país.
“Yo fui el abogado y cuando se estaban solicitando medidas cautelares en esa ocasión, la Corte Interamericana le reconoció la potestad a República Dominicana sobre la base del respeto de los derechos humanos, de iniciar cualquier proceso de repatriación”, manifestó Castaños.
Entiende que el Gobierno debe continuar protegiendo la frontera para para garantizar la tranquilidad de la nación dominicana.